La proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en la isla hay 207 presos políticos, y que el Gobierno confeccionó un informe sobre el tema para Naciones Unidas sin consultar con todos los actores interesados.
En un mensaje dirigido al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión encabezada por Elizardo Sánchez precisa que el Gobierno cubano mantiene recluidos a 57 prisioneros de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional, y a otros 150 presos políticos.
Sánchez indicó que se sigue reduciendo lentamente la cifra de presos políticos, y recordó que en agosto la Comisión documentó 219 casos. Desde entonces tampoco se dictaron nuevas sentencias a largas condenas.
La organización independiente denunció asimismo que el Gobierno elaboró y entregó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación de esos derechos en la isla sin propiciar consultas con agrupaciones religiosas, civilistas y otras interesadas en el tema.
Sánchez afirmó que la elaboración a puertas cerradas del documento le niega credibilidad, y acusó al Gobierno de violar todos los derechos civiles, políticos y económicos, así como ciertos derechos sociales y culturales.
En un mensaje dirigido al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión encabezada por Elizardo Sánchez precisa que el Gobierno cubano mantiene recluidos a 57 prisioneros de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional, y a otros 150 presos políticos.
Sánchez indicó que se sigue reduciendo lentamente la cifra de presos políticos, y recordó que en agosto la Comisión documentó 219 casos. Desde entonces tampoco se dictaron nuevas sentencias a largas condenas.
La organización independiente denunció asimismo que el Gobierno elaboró y entregó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación de esos derechos en la isla sin propiciar consultas con agrupaciones religiosas, civilistas y otras interesadas en el tema.
Sánchez afirmó que la elaboración a puertas cerradas del documento le niega credibilidad, y acusó al Gobierno de violar todos los derechos civiles, políticos y económicos, así como ciertos derechos sociales y culturales.
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