Oscar Espinosa Chepe
1 de agosto de 2009
La Habana – www.PayoLibre.com – En el contexto de generalizadas preocupaciones sobre una sociedad cada vez más en crisis, surgen comentarios que alimentan esperanzas de que por fin puedan comenzar los postergados cambios económicos estructurales y de conceptos prometidos por el General Raúl Castro.
Ronda la idea entre algunos analistas de la realidad cubana, de que el gobierno -renovado radicalmente hace pocos meses- se ha convencido de la necesidad de encontrar una solución al estado catastrófico de los servicios, la alimentación pública y el comercio al detalle, mediante la entrega a manos privadas de pequeños restaurantes, tiendas y otros establecimientos sobre bases semejantes a la concesión de tierras ociosas en usufructo adoptada a mediados de 2008.
La agencia de noticias Reuters ha publicado criterios brindados por el analista Ariel Terrero, quien expresó en su espacio televisivo que “en la economía cubana hay que buscar fórmulas más dinámicas, más inteligentes de entender la propiedad, de administrar una empresa, de administrar una cafetería.” También explicó que en Cuba debería considerarse poner más áreas de la economía en otras manos, más allá del Estado como se ha hecho con la agricultura. También la agencia se refirió a un informe del Ministerio de Economía y Planificación con ideas similares.
Una de las peores decisiones tomadas por el gobierno fue dar rienda suelta a su insaciable deseo de acaparar hasta los últimos resquicios de la sociedad, incluidos los miles de pequeños establecimientos, tiendas y talleres, sin tener condiciones mínimas para lograr un eficiente control; una concepción que no guarda relación con las ideas de los antiguos marxistas cubanos, quienes jamás propusieron algo semejante para su modelo de una Cuba socialista.
La decisión monopolizadora del gobierno más que razones económicas, las tuvo políticas. Su estrategia fue convertir a todos los cubanos en siervos de un omnipresente Estado-Partido, para que supieran que su bienestar y el de su familia estaban ligados al nivel de servilismo. Desde el punto de vista político ese chantaje ha funcionado, convirtiéndose en una de las mejores herramientas para mantener un estricto dominio de la sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista económico y de la satisfacción de las necesidades de la población esta práctica ha sido un rotundo fracaso, pues los establecimientos -incontrolables desde un nivel central- durante decenios se han caracterizado por el mal servicio, altos rangos de ineficiencia y ausencia de rentabilidad; centros en los cuales crece la degradación moral, y han proliferado el engaño y el robo a niveles increíbles. Como resultado se ha instaurado una “privatización” anárquica; un esquema burocrático sin ningún punto de contacto con ideas de mejoramiento social, sino todo lo contrario.
Teniendo en cuenta lo anterior, si se determinara la entrega de esos centros de trabajo a la iniciativa privada, ya sea mediante el arrendamiento, el pago de mensualidades con derecho a opción de compra, o la venta a grupos o personas individuales, ser a un avance considerable para la sociedad.
Con el nuevo sistema, las personas que trabajarán en esos lugares tendrían utilidades de acuerdo a sus iniciativas e interés, mientras la sociedad ganaría superiores servicios, recaudación de impuestos, ahorro de los recursos y mejor ambiente laboral porque a nadie se le ocurriría robarse a sí mismo.
El Estado, liberado de la carga de administrar decenas de miles de establecimientos, podría dedicarse a regular y fiscalizar, reduciéndose la inmensa e improductiva burocracia actual. Todo en un escenario legal flexible que motive el trabajo creador de riquezas y fuentes de empleo, con disciplina y cultura laboral basada en el interés personal.
En cuanto a los recursos que requerirán las personas emprendedoras, podrían ser los mismos que hoy se dilapidan, vendidos, según las posibilidades, con créditos facilitados por el Estado. No obstante, podrían existir otras opciones, como estimular mediante medidas fiscales, tasas cambiarias y otras, que parte de las remesas llegadas del exterior se inviertan en el mejoramiento de las actividades. Paralelamente cabría pensar en que la iniciativa privada o cooperativa se permitiera para la creación de nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de servicios, comercio y talleres, incluidas para la reparación y construcción de viviendas, con el objetivo de enfrentar uno de los problemas más serios que afronta el país.
Estas medidas cubrirían una primera etapa en los cambios estructurales urgentemente requeridos. Muy bien podrían complementarse con los proyectos existentes en la agricultura, que necesitan mayor flexibilidad, pues las prohibiciones con que se han iniciado limitan sus resultados. Por supuesto, es de esperar que esta política de utilización privada de decenas de miles de establecimientos, enfrente muchas dificultades y prejuicios imperantes por decenios.
Por ello, paralelamente habrá que tomar decisiones para establecer una legalidad que dé garantías a los nuevos actores económicos, así como las correspondientes políticas fiscales, entre otras cuestiones. Conspira contra esta reforma estructural en el comercio minorista de alimentos, el racionamiento de ciertos productos alimenticios, implantado desde 1962; mecanismo obsoleto e injusto que garantiza suministros a quienes necesitan o no ayuda. No se trata de eliminar la solidaridad, sino crear mecanismos efectivos de cooperación que sean menos costosos y más racionales, ya sea por subvenciones directas o entrega de bonos de alimentos a las personas que realmente lo requieran, reduciéndose así una burocracia enorme y un diabólico sistema de distribución.
El General Raúl Castro, en el discurso del 26 de julio pasado, señaló la paradoja de que para cualquier plan de siembra de árboles frutales, los organismos demandan largas listas de recursos, y se preguntaba cómo era posible si las generaciones pasadas llenaron el país de matas de mango contando únicamente con el esfuerzo personal. Quizás la respuesta esté en que en Cuba durante muchos años se olvidó y despreció la iniciativa individual, incluso se persiguió y se continúa persiguiendo a las personas emprendedoras, en vez de creárseles un ambiente propicio para desplegar sus iniciativas. Precisamente, la labor de un gobierno eficiente es estimular el deseo natural de los seres humanos a progresar, combinándolo con los intereses sociales.
Si algo se ha demostrado en Cuba en los últimos 50 años, es que por muchas personas calificadas y recursos que existan, si el ser humano no está estimulado e interesado, no se logra avanzar.
Oscar Espinosa Chepe es Economista y Periodista Independiente
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