San Juan, Puerto Rico,
26 de febrero de 2012
Lcdo. Osvaldo Toledo Martínez
Presidente
Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico
Este 19 de enero de 2012, en ocasión de la muerte en huelga de hambre del prisionero político cubano Wilmen Villar Mendoza, en una cárcel castrista, me dirigí a ese Ilustre Colegio de Abogados, a través de usted, su Presidente, rogándole un pronunciamiento y haciéndole saber además, que otro prisionero político, Vicente Tille Barahona, se había declarado en huelga de hambre y se prendió fuego y estaba en estado crítico.
Hoy le puedo agregar que un tercer preso político, Ernesto Borges Pérez, se ha declarado en huelga de hambre, solicitando que se le conceda atención médica y que autoricen llamadas telefónicas que, regularmente le conceden a los reclusos. Su padre hizo saber que tiene…”infección en los pulmones… enfisema pulmonar, un asma generalizada y nueve enfermedades crónicas… un riesgo total de ser un nuevo asesinato del régimen.” Desde hace días los medios de prensa ya hablan de que está en estado grave.
Le recordaba en mi carta que Wilmen Villar Mendoza no es el primer prisionero político que muere en huelga de hambre. Hace dos años, después de 86 días sin ingerir alimentos, murió Orlando Zapata Tamayo, reclamando un trato digno. Posteriormente la solidaridad internacional evitó la muerte del psicólogo y escritor Guillermo Fariñas, quien permaneció 123 días en un ayuno que estremeció la conciencia mundial, en protesta por la muerte de Orlando Zapata y exigiendo la liberación de los prisioneros políticos enfermos.
Sin embargo, no han sido los únicos cubanos que, ante la falta de derechos ciudadanos, han ofrecido lo único que tenían, sus cuerpos escuálidos y solitarios en celdas tenebrosas, como trincheras en una lucha desigual. Pedro Luis Boitel, líder universitario y combatiente contra las dictaduras de Batista y Fidel Castro, fue el primero, y ya suman 15, de una pléyade de héroes que han seguido, durante estos más 50 años de castrismo, el dramático camino al martirologio.
Este sábado 25 de febrero el diario puertorriqueño El Nuevo Día, en su página 60, reportaba que “El Archivo Cuba, una prestigiosa institución dirigida por la investigadora María Werlau, ha documentado, hasta diciembre de 2008, 5, 782 fusilamientos, asesinatos y desaparecidos, 515 muertes en prisión por negligencia médica, suicidas y accidentes, 15 prisioneros políticos dejados moriré en huelga de hambre, 77 000 en intentos de salidas del país y 2 millones de exiliados.”
En mi carta le recordaba además, que en Cuba, la Constitución Socialista expresa en su artículo 5, que quien dirige sociedad, estado y gobierno es el Partido Comunista, por lo que ya dicho cuerpo deja de ser la “ley suprema” y se hace insostenible, en estricto valor de ciencia, llamarla “Constitución” y por tanto en Cuba no existe un estado de derecho que garantice a sus ciudadanos un juicio justo e imparcial.
Finalmente le expresaba que el Colegio de abogados de Puerto Rico, al cual he pertenecido desde que me licencié, ocupando incluso responsabilidades en la Comisión de Relaciones Internacionales, como garante de la conciencia jurídica, de la solidaridad y fraternidad caribeña, esperábamos que sabría, como lo ha hecho otras veces por otras causas del mundo, aun de lejanas latitudes e historia, expresar su dolor y reclamo porque cese la violación de los derechos humanos en la isla hermana y se le dé un trato humano y justo a los prisioneros políticos y exija que sean llevados a la justicia a los responsable de tales crímenes.
A un mes de dicha carta hemos recibido el silencio como respuesta. No es la primera vez que ante denuncias de violaciones de los derechos humanos en Cuba, esa institución que usted dirige, haya guardado silencio. Más aun, tiempo atrás conocimos que había sido invitado el ex Fiscal General de la Republica de Cuba, Dr. Ramos de la Cruz Ochoa, a ofrecer una conferencia en ese Ilustre Colegio, personaje encargado de darle un burdo barniz jurídico a los crímenes de estado que se cometieron, algunos de ellos en mi presencia, por el régimen de los hermanaos Castro, los cuales denuncié estando dentro de Cuba, por lo que fui detenido varias veces y finalmente expulsado del país, con la amenaza de: “te vas o te desaparecemos”..
Recordaba como ese sujeto, que la Presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico invitaba, pidió pena de muerte contra René Salmerón, después de pasada la prueba en el juicio, cuando la propia víctima del delito, antes de morir, declaró que había sido otro el asesino… Pero el régimen necesitaba dar un escarmiento y Ramón de la Cruz Ochoa, presto y gozoso fue el personero de la muerte.
Publicado está otro testimonio de un secretario del Tribunal de la Habana que expresa:
“A finales de 1983, trabajaba yo en una oficina del Minint, cuando me visitó el coronel Armando Herrera Leal, Director del Combinado del Este y me pidió el listado de los reclusos que tenían más de dos hechos de sangre en la prisión. Es decir, que quería saber quines eran los grandes matarifes allí.
La lista estuvo en unos minutos y entonces pidió los expedientes de aquellos reclusos y una vez los tuvo en las manos se los llevó. Eran las diez de la mañana. A las dos de la tarde regresó Herrera con los expedientes y la sentencia de muerte para cada uno de aquellos criminales ya firmadas por Ramos de la Cruz Ochoa, por entonces, Fiscal General de la Republica.
Roberto Orta, un sargento aventurero, que poco después murió en un accidente, se encargó de reunirlos a todos, incluidos dos que estaban en una celda de castigo. No se me olvida que uno de ellos, un negro robusto, intuía lo que les iba a suceder. Me van a fusilar, me van a fusilar, no cesaba de gritar desesperado. Roberto Orta, haciendo gala de su personalidad despiadada, le dijo: si, te vas para la Cabaña que esta noche te joden. Tan pronto se fue los fusilaron a los siete. Los fusileros eran cadetes de la academia del Minint, alguno de los cuales vi después sirviendo muy orgullosos en la Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria.
Los siete ataúdes estaban listos, uno al lado de otro. Un médico, con su bata blanca, fumaba nerviosamente mientras los ejecutaban uno a uno. Después certificó su muerte
Esa noche terminó la carrera criminal de siete connotados asesinos. Por casi un año no se reportaron incidentes de violencia en la cárcel, tal vez porque aquel acto bárbaro sirvió de escarmiento para el pueblo del abismo como los llamó Jack London.
Como miembro de ese Colegio y preocupado por la deshonra que significaba para ese cuerpo, invitar a quien conocemos como un criminal, me dirigí al entonces Presidente de ese Colegio de Abogados, Lcdo. Arturo Hernández. Pocos minutos me prestó atención. Cuando se dio cuenta que denunciaba a un agente castrista, me colgó el teléfono.
Me solidarizo con el Colegio de Abogados de Puerto Rico en su aspiración a opinar sobre las personas que aspiran a ser jueces, en su tarea de elevar la conciencia jurídica de país, en su promoción de la solidaridad y la superación técnico profesional, en su lucha contra la pena de muerte – claro no solo en algunos países -.
Esperando que, con la presidencia de usted, que prometía “despolitizar el Colegio”, y seguro de que el derecho es una ciencia social autónoma y que las ciencias, como las artes, no son ideologías, considere apropiado permanecer en la institución.
Sin embargo, el reiterado silencio del Colegio de Abogados de Puerto Rico, ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la decisión de darle voz al ex Fiscal General de la Republica de Cuba, notorio ejecutor de crímenes de estado, me hace suspender, por un elementar deber, mi condición de miembro de dicha institución, mientras esa actitud persista en sus líderes.
Atentamente
Lcdo. Jesús Faisel Iglesias García
Miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
Delegado para el Caribe de la Corriente Liberal de la Disidencia Cubana,
Fundador de la Corriente Agramontista de Abogados
Disidentes y Delegado en Puerto Rico
Del Comité Cubano de Derechos Humanos.
26 de febrero de 2012
Lcdo. Osvaldo Toledo Martínez
Presidente
Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico
Este 19 de enero de 2012, en ocasión de la muerte en huelga de hambre del prisionero político cubano Wilmen Villar Mendoza, en una cárcel castrista, me dirigí a ese Ilustre Colegio de Abogados, a través de usted, su Presidente, rogándole un pronunciamiento y haciéndole saber además, que otro prisionero político, Vicente Tille Barahona, se había declarado en huelga de hambre y se prendió fuego y estaba en estado crítico.
Hoy le puedo agregar que un tercer preso político, Ernesto Borges Pérez, se ha declarado en huelga de hambre, solicitando que se le conceda atención médica y que autoricen llamadas telefónicas que, regularmente le conceden a los reclusos. Su padre hizo saber que tiene…”infección en los pulmones… enfisema pulmonar, un asma generalizada y nueve enfermedades crónicas… un riesgo total de ser un nuevo asesinato del régimen.” Desde hace días los medios de prensa ya hablan de que está en estado grave.
Le recordaba en mi carta que Wilmen Villar Mendoza no es el primer prisionero político que muere en huelga de hambre. Hace dos años, después de 86 días sin ingerir alimentos, murió Orlando Zapata Tamayo, reclamando un trato digno. Posteriormente la solidaridad internacional evitó la muerte del psicólogo y escritor Guillermo Fariñas, quien permaneció 123 días en un ayuno que estremeció la conciencia mundial, en protesta por la muerte de Orlando Zapata y exigiendo la liberación de los prisioneros políticos enfermos.
Sin embargo, no han sido los únicos cubanos que, ante la falta de derechos ciudadanos, han ofrecido lo único que tenían, sus cuerpos escuálidos y solitarios en celdas tenebrosas, como trincheras en una lucha desigual. Pedro Luis Boitel, líder universitario y combatiente contra las dictaduras de Batista y Fidel Castro, fue el primero, y ya suman 15, de una pléyade de héroes que han seguido, durante estos más 50 años de castrismo, el dramático camino al martirologio.
Este sábado 25 de febrero el diario puertorriqueño El Nuevo Día, en su página 60, reportaba que “El Archivo Cuba, una prestigiosa institución dirigida por la investigadora María Werlau, ha documentado, hasta diciembre de 2008, 5, 782 fusilamientos, asesinatos y desaparecidos, 515 muertes en prisión por negligencia médica, suicidas y accidentes, 15 prisioneros políticos dejados moriré en huelga de hambre, 77 000 en intentos de salidas del país y 2 millones de exiliados.”
En mi carta le recordaba además, que en Cuba, la Constitución Socialista expresa en su artículo 5, que quien dirige sociedad, estado y gobierno es el Partido Comunista, por lo que ya dicho cuerpo deja de ser la “ley suprema” y se hace insostenible, en estricto valor de ciencia, llamarla “Constitución” y por tanto en Cuba no existe un estado de derecho que garantice a sus ciudadanos un juicio justo e imparcial.
Finalmente le expresaba que el Colegio de abogados de Puerto Rico, al cual he pertenecido desde que me licencié, ocupando incluso responsabilidades en la Comisión de Relaciones Internacionales, como garante de la conciencia jurídica, de la solidaridad y fraternidad caribeña, esperábamos que sabría, como lo ha hecho otras veces por otras causas del mundo, aun de lejanas latitudes e historia, expresar su dolor y reclamo porque cese la violación de los derechos humanos en la isla hermana y se le dé un trato humano y justo a los prisioneros políticos y exija que sean llevados a la justicia a los responsable de tales crímenes.
A un mes de dicha carta hemos recibido el silencio como respuesta. No es la primera vez que ante denuncias de violaciones de los derechos humanos en Cuba, esa institución que usted dirige, haya guardado silencio. Más aun, tiempo atrás conocimos que había sido invitado el ex Fiscal General de la Republica de Cuba, Dr. Ramos de la Cruz Ochoa, a ofrecer una conferencia en ese Ilustre Colegio, personaje encargado de darle un burdo barniz jurídico a los crímenes de estado que se cometieron, algunos de ellos en mi presencia, por el régimen de los hermanaos Castro, los cuales denuncié estando dentro de Cuba, por lo que fui detenido varias veces y finalmente expulsado del país, con la amenaza de: “te vas o te desaparecemos”..
Recordaba como ese sujeto, que la Presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico invitaba, pidió pena de muerte contra René Salmerón, después de pasada la prueba en el juicio, cuando la propia víctima del delito, antes de morir, declaró que había sido otro el asesino… Pero el régimen necesitaba dar un escarmiento y Ramón de la Cruz Ochoa, presto y gozoso fue el personero de la muerte.
Publicado está otro testimonio de un secretario del Tribunal de la Habana que expresa:
“A finales de 1983, trabajaba yo en una oficina del Minint, cuando me visitó el coronel Armando Herrera Leal, Director del Combinado del Este y me pidió el listado de los reclusos que tenían más de dos hechos de sangre en la prisión. Es decir, que quería saber quines eran los grandes matarifes allí.
La lista estuvo en unos minutos y entonces pidió los expedientes de aquellos reclusos y una vez los tuvo en las manos se los llevó. Eran las diez de la mañana. A las dos de la tarde regresó Herrera con los expedientes y la sentencia de muerte para cada uno de aquellos criminales ya firmadas por Ramos de la Cruz Ochoa, por entonces, Fiscal General de la Republica.
Roberto Orta, un sargento aventurero, que poco después murió en un accidente, se encargó de reunirlos a todos, incluidos dos que estaban en una celda de castigo. No se me olvida que uno de ellos, un negro robusto, intuía lo que les iba a suceder. Me van a fusilar, me van a fusilar, no cesaba de gritar desesperado. Roberto Orta, haciendo gala de su personalidad despiadada, le dijo: si, te vas para la Cabaña que esta noche te joden. Tan pronto se fue los fusilaron a los siete. Los fusileros eran cadetes de la academia del Minint, alguno de los cuales vi después sirviendo muy orgullosos en la Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria.
Los siete ataúdes estaban listos, uno al lado de otro. Un médico, con su bata blanca, fumaba nerviosamente mientras los ejecutaban uno a uno. Después certificó su muerte
Esa noche terminó la carrera criminal de siete connotados asesinos. Por casi un año no se reportaron incidentes de violencia en la cárcel, tal vez porque aquel acto bárbaro sirvió de escarmiento para el pueblo del abismo como los llamó Jack London.
Como miembro de ese Colegio y preocupado por la deshonra que significaba para ese cuerpo, invitar a quien conocemos como un criminal, me dirigí al entonces Presidente de ese Colegio de Abogados, Lcdo. Arturo Hernández. Pocos minutos me prestó atención. Cuando se dio cuenta que denunciaba a un agente castrista, me colgó el teléfono.
Me solidarizo con el Colegio de Abogados de Puerto Rico en su aspiración a opinar sobre las personas que aspiran a ser jueces, en su tarea de elevar la conciencia jurídica de país, en su promoción de la solidaridad y la superación técnico profesional, en su lucha contra la pena de muerte – claro no solo en algunos países -.
Esperando que, con la presidencia de usted, que prometía “despolitizar el Colegio”, y seguro de que el derecho es una ciencia social autónoma y que las ciencias, como las artes, no son ideologías, considere apropiado permanecer en la institución.
Sin embargo, el reiterado silencio del Colegio de Abogados de Puerto Rico, ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba y la decisión de darle voz al ex Fiscal General de la Republica de Cuba, notorio ejecutor de crímenes de estado, me hace suspender, por un elementar deber, mi condición de miembro de dicha institución, mientras esa actitud persista en sus líderes.
Atentamente
Lcdo. Jesús Faisel Iglesias García
Miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
Delegado para el Caribe de la Corriente Liberal de la Disidencia Cubana,
Fundador de la Corriente Agramontista de Abogados
Disidentes y Delegado en Puerto Rico
Del Comité Cubano de Derechos Humanos.
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