Resulta
un insulto a la inteligencia el cacareado discurso de la Integración
Latinoamericana de los gobernantes de los pueblos de "Nuestra América",
como llamó José Martí a esa parte de la tierra donde sus funcionarios ni
siquiera nos dejan poner un pie fuera de los aeropuertos para extraer el
sustento de sus suelos pisados por dictadores sucesivos. La ignorancia mata a
los pueblos y es preciso matar la ignorancia, decía José Martí. La integración
de Latinoamérica es imposible mientras persista la concepción del estado y el
derecho heredado de España, con su concepción de mando vertical y el imperio de
la ley (que no es más que la voluntad de los que ostentan el poder) como
objetivo de la administración de justicia.
Es necesario que los políticos de
Latinoamérica se despojen de los proyectos nacionales en los cuales están
metidos hasta las orejas, según el ex presidente de Uruguay José Mujica, de la
soberanía de los Estados. Mientras los gobernantes latinoamericanos hablan de
“intregracion” decenas de cubanos son retenidos en los aeropuertos de Ecuador,
en pleno gobierno del “revolucionario” Rafael Correa y devueltos a La Habana,
sin ser escuchados por autoridad competente alguna, sin ser oídos por
funcionario con funciones judiciales o cuasijudiciales, sin garantizarles un “debido proceso”[1],
violándoles los más elementales derechos humanos. Millones de sudamericanos son perseguidos,
humillados y asesinados, con la indiferencia de sus gobernantes, por el solo
hecho de transitar rumbo al Norte, por
los países de nuestra lengua, en busca del “sueño
americano.”
A principio de 2015, efectivos
de la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia descubrieron a seis cubanos
que habían ingresado al sureño departamento de Nariño. Las autoridades
indicaron que los isleños fueron ubicados en un autobús de servicio
público que cubría la ruta Ipiales-Cali. Los detenidos fueron entregados a
Migración Colombia por no contar con documentos legales) es decir, no importa
la legitimidad de sus conductas) para transitar por el territorio colombiano, y
posteriormente fueron deportados a Ecuador, el país de embarque.
El escritor Luis Felipe Rojas, escribió en la
revista digital MartiNocitias.com, el 18 de agosto de 20155 que:
“El
comisionado de Instituto Nacional de Migración de México (INM), Ardelio Vargas
Fosado, rechazó en una entrevista con el diario mexicano El Universal que
esa institución retenga "intencionalmente por más de 16 días a los
cubanos, o que éstos enfrenten condiciones de maltrato en las
estaciones migratorias". Sin embargo, algunos cubanos han hecho denuncias
que contradicen estas declaraciones. En referencia a las acusaciones
que pesan sobre la entidad por maltrato a los migrantes que son recibidos en
las distintas sedes migratorias, Vargas Fosado aseguró en su entrevista con El
Universal: "Nosotros tenemos un trato respetuoso con
todos los extranjeros. Tenemos en este momento cerca de 400 cubanos
administrativamente irregulares en el país en estaciones migratorias; es
un grupo muy grande". A una pregunta sobre el tiempo de retención
y devolución a la isla caribeña, el funcionario negó de plano que se
extienda más allá de los 16 días. "Las organizaciones de repente se
quejan y dicen cosas que no son ciertas, han recibido en custodia más de 200
cubanos, porque lo mismo se confía en las organizaciones gubernamentales para
que los ayuden, los protejan, los asesoren, no es la intención del INM mantener
bajo custodia a los extranjeros", añadió.
En el caso de los cubanos, la situación es
compleja, según las cifras ofrecidas por Vargas Fosado a la publicación azteca.
Entre los años 2012 y 2014, unos 6.445 migrantes
cubanos estuvieron en las instalaciones migratorias mexicanas, "y
en lo que va del año, 1.842, la tendencia es un poco al alza", finalizó. Sin embargo, en entrevista con Martí
Noticias, la cubana Mercedes Duarte de La Torre –hoy residente
en Houston, Texas– ofreció el testimonio de las dificultades que pasó durante 50
días, entre los meses de junio y julio de este año, en la Estación
Migratoria de Acayucan, estado de Veracruz.
"Yo le hablo en nombre de mi hijo Rafael
Onel. Nosotros llegamos a Veracruz y nos tuvieron en una estación migratoria,
eso fue el 18 de junio, y el día 23 nos llevaron a Acayucan, México,
diciéndonos que ya esos cuatro días iban a ser contados. Nos dijeron que en 15
días nos soltaban y nos daban el oficio de salida. Estuvimos retenidos en esa
estación migratoria hasta el día 31 de julio", indicó. Mercedes Duarte
relató, además, otros sucesos que la decepcionaron de la seriedad de los
funcionarios del INM. "Trataron de deportarme un día 23
de junio, después que me habían dicho que tenía un oficio de salida, cosa a la
que nunca se dio respuesta". La mujer estaba junto a su hijo de 15
años, de quien trataron de separarla, según sus declaraciones,
para ser deportados a Cuba. "Cuando mi hijo pasaba por los pasillos, que
yo quería darle un beso, los guardias nos retenían como si fuéramos
delincuentes, no nos dejaban acercarnos el uno al otro",
señaló. Duarte contó también que a una cubana llamada Jessica Suárez,
a su hijo y a su esposo, les dijeron que tenían oficio de salida, pero
como se resistieron a ir engañados al aeropuerto, los maltrataron. Finalmente
Duarte dijo que no cree que haya cambios, ni que las investigaciones anunciadas
por el INM lleguen a ningún lado.
La Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México hizo públicas las denuncias por presuntos
abusos contra mujeres cubanas en la estación Las Agujas. Asimismo, el portal
Cimacnoticias refirió los casos de estas mujeres que se negaban a ser
deportadas. El mismo caso fue denunciado por el sacerdote y defensor de los
DDHH Alejandro Solalinde, quien en una trasmisión en vivo desde
Izatapalapa confirmó que las mujeres "habían sido arrastradas por el
cabello, desnudas, cuando se encontraban en las regaderas (duchas) de la
estación Las Agujas".
Por otra parte, Gisel Morales dijo a Martí
Noticias que su sobrina, Glendys Cruz Morales, psicóloga de 23 años de edad,
oriunda de Santa Clara, fue maltratada en el aeropuerto del
DF, México, el día 29 de julio, cuando intentaban deportarla. Glendys Cruz y su
amiga Marisol Alonso Ferry, procedente de Holguín, permanecieron por 36
días en el centro para inmigrantes de Tapachula, estado de Chiapas,
según confirmó Gisel Morales. "No la pusieron de vuelta a la isla, pero la
maltrataron físicamente. La tiraban contra la pared; no
le hicieron nunca moretones porque ellos son inteligentes, pero dice que la esposaban,
las halaron por los pasillos", dijo Gisel sobre su sobrina, quien ahora
tiene permiso para dos llamadas diarias desde el centro de detención Las Agujas.
Allí permanece 53 días después de haber sido detenida, a
la espera de una orden final que le permita seguir viaje a Estados Unidos o ser
devuelta a Cuba.
El 19 de agosto de 2015, mostrando que este fenómeno
es una realidad cotidiana, Martinoticias.com volvió con el tema expresando:
“Más de 1.500 profesionales de la salud cubanos se encuentran varados en
Bogotá, Colombia, tras desertar de misiones médicas en Venezuela. Por ese
motivo, la organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras
(SSF) ha lanzado una campaña que busca socorrer a los afectados. Los cubanos temen que el restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington dé al traste con un
programa estadounidense de visas (Cuban Medical Professional Program),
que durante años ha acogido a médicos cubanos, indicó el canal
de televisión NTN24. Por motivos que aún se desconocen, existe una
marcada demora en el otorgamiento de visas a los profesionales
cubanos en la capital colombiana, que padecen hacinamiento, hambre y problemas
de salud, señala el periodista de El Nuevo Herald Enrique Flor.
Julio César Alfonso, presidente de
Solidaridad Sin Fronteras, manifestó que "debido a la grave situación que
sufren estos profesionales varados en Colombia (…) ha decidido lanzar una
campaña de recaudación de fondos para ayudarlos lo antes
posible (…). Nos hemos conmovido al ver la dura realidad que están sufriendo
estas personas".
Y el 20 de agosto 2015, el propio medio,
Martinoticias.com, informaba:
“Este
jueves fueron detenidos una veintena de cubanos por las autoridades
aduaneras de Aguas Caliente (Ecotepeque), Honduras, reportó el diario hondureño
Proceso Digital. Como
se ha reportado en reiteradas ocasiones, los detenidos llevados a la oficina
del Instituto Nacional de Migración (INM) viajaban en una unidad de transporte
interurbano que salió de Tegucigalpa. Un
poco más de 4.000 cubanos han sido retenidos en la Aduana de Agua
Caliente en lo que va del presente 2015, concluye la información.” Al menos 20 cubanos
profesionales de la salud que reclamaban en Bogotá la visa estadounidense
fueron notificados entre el viernes y el lunes que habían logrado el amparo del
Cuban Medical Professional Parole (CMPP), según informa El
Nuevo Herald. Entre los favorecidos están la odontóloga
camagüeyana Ailen García, de 25 años de edad y con 27 semanas de embarazo.
El doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad
Sin Fronteras (SSF), una organización con sede en Hialeah, que inició
recientemente una campaña para recaudar fondos para los médicos que están en un
limbo migratorio en Colombia, asegura que este lunes 11 galenos cubanos fueron
notificados que serían beneficiados con el programa. Otros nueve fueron notificados
el viernes.
"Estoy muy contento de que se esté
moviendo nuevamente la entrega (de) visas luego de los artículos del
Herald y de todas las gestiones que están haciendo nuestros congresistas",
dijo Alfonso a El Nuevo Herald.
"Estaremos pendientes de lo que ocurre y
seguiremos enviando ayuda a los colegas en Bogotá".
Las presiones sobre el Gobierno
Federal para dar respuesta a esta situación llegaron el pasado jueves
a Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró, entonces,
que la tardanza en la aplicación del programa para profesionales cubanos de la
salud que desertan de sus misiones en el exterior no tiene "ningún lazo,
ninguna conexión" con la nueva política hacia Cuba, a pesar de que La
Habana se ha quejado periódicamente. Por su parte, los despachos de los
congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart
y Carlos Curbelo han empezado a documentarse sobre cada uno de
los casos de los médicos cubanos en Bogotá para, a su vez, pedir explicaciones
a las autoridades federales, asegura el diario de Miami.
El 21 de agosto de 2015, el seminario
Digita, 14ymedio.com publico un artículo del Periódico el País, firmado por
Robert Hardh, director Ejecutivo de Civil Rights Defenders y Carlos Ponce,
director de Freedom House para América Latina y el Caribe, titulado: Los
cubanos excluidos en América Latina. Lo copiamos textualmente:
Es momento que los países de la región eliminen las
barreras que discriminan a muchos líderes de los derechos humanos y la
democracia en la Isla.
El hecho que Cuba participe
una vez más en las actividades de la Organización de Estados Americanos es una
victoria para los gobiernos latinoamericanos que argumentaron a favor de la
solidaridad con Cuba y que ningún país debe ser excluido de la comunidad. Pero
si esa solidaridad con Cuba incluyera a todo el pueblo cubano, y no solo al
gobierno, allí veríamos una real apertura al diálogo. Aún no es así.
Cuando jefes de Estado o
ministros de gobiernos latinoamericanos viajan a Cuba nunca se encuentran con
las organizaciones locales de derechos humanos. Ello a pesar de sus propias
experiencias con la opresión durante las dictaduras de sus propios países.
Cuando la oposición cubana quiere presentar sus puntos de vista sobre la situación
en el país a las embajadas latinoamericanas en La Habana, ellas casi nunca
abren sus puertas.
Este patrón de exclusión se
ve también cuando representantes del movimiento democrático en Cuba viajan por
el continente. Cuando once cubanos a finales de julio llegaron al aeropuerto de
San Salvador para participar en la VIII Conferencia Ministerial de la
organización intergubernamental Comunidad de las Democracias, fueron privados
de sus pasaportes y cartas de invitación, detenidos, custodiados por la policía
e informados horas más tarde de que serían deportados por "órdenes
superiores".
Cuando jefes de Estado latinoamericanos viajan a Cuba nunca se encuentran
con las organizaciones locales de derechos humanos. Después de casi dos días de
conmoción internacional, así como de dos noches encerrados y custodiados por la
policía en aeropuertos, salas de espera y un viaje a Panamá para buscar nuevas,
pero idénticas, cartas de invitación, finalmente pudieron ingresar a El
Salvador.
Durante la Cumbre de las
Américas en Panamá en abril, los defensores cubanos tuvieron que experimentar
cómo la delegación oficial cubana, disfrazada de sociedad civil, los perseguía,
amenazaba y saboteaba con cantos agresivos en todas las reuniones públicas
donde hablarían, sin que los organizadores panameños lo impidieran.
En ambos eventos en Panamá y
El Salvador, los participantes cubanos recibieron toda la solidaridad de
numerosas organizaciones de la sociedad civil regional que se alarmaron por la
grotesca persecución.
Cuando, a principio de este
año, una organización costarricense quiso invitar a un grupo de defensores de
los derechos humanos a un seminario, recibió la notificación de las autoridades
migratorias en San José que los cubanos necesitarían presentar un extracto
legalizado de sus antecedentes penales para obtener una visa. Estos cubanos son
detenidos varias veces al año a causa de su trabajo por la democracia y los
derechos humanos. Pedirles que vayan a la policía para obtener antecedentes
penales y luego ir a la Cancillería para legalizarlos, es simplemente un
absurdo.
Cuando 11 cubanos a finales de julio llegaron a San Salvador fueron
informados de que serían deportados por "órdenes superiores"
Pero ello no es
inusual. De acuerdo al informe Abran las puertas a los cubanos, de la
organización Civil Rights Defenders, nueve países latinoamericanos requieren
antecedentes penales y referencias bancarias para emitir visas a cubanos. Esta
es una política que activamente impide la cooperación abierta entre la sociedad
civil de sus países y de la de Cuba.
Es momento que
los vecinos de Cuba eliminen las barreras que impiden la movilidad o
discriminan a muchos líderes cubanos y abran sus puertas, incluso para los que
estén a favor de los derechos humanos y la democracia, así como que propicien
un espacio de diálogo abierto entre los cubanos y para los cubanos, sin
exclusiones.
Las diferencias políticas, de concepción del estado y el
derecho se refleja también en las relaciones entre gobiernos e instituciones de
los estados.
Puede leerse el recuento de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica, negando la extradición de un venezolano acusado de
estafa porque la justicia venezolana está prostituida. Esta evaluación sin
precedentes del Tribunal Supremo de Justicia de un país democrático sobre el
poder judicial de otro país, en el cual existe una narco-dictadura, representa
otra censura internacional en contra del régimen castro-chavista.
Entre otros juicios sobre el poder judicial venezolano,
puede leerse:
“el Estado venezolano presenta serias debilidades
jurídico-políticas para asegurarle al amparado un enjuiciamiento que cumpla con
las garantías básicas de un debido proceso, conforme a las normas
constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.”
Dice Brewer Carías que esa afirmación está basada en el
“hecho que Venezuela haya denunciado la Convención Americana de Derechos
Humanos,” considerando que ello “constituye una amenaza grave al respeto
efectivo de los derechos fundamentales,” agregando respecto de dicha absurda
decisión del Estado venezolano de denunciar la Convención Americana, que: “Un
país que adopta una política que reduce los instrumentos que tutelan derechos
fundamentales, tanto en su dimensión individual como social, no brinda las garantías
y la confianza que requiere un proceso de extradición”.
Continua diciendo la Corte Costarricense: “Enviar a un
ciudadano a un país que ha denunciado una Convención que tutela de derechos
fundamentales, no brinda la confianza suficiente para admitir que el ciudadano
que se entrega a otra jurisdicción, será tratado conforme a las garantías
básicas que merece cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad”.
El magistrado autor de la ponencia agrega: “ Estimo que
esta denuncia del Pacto de San José abre una serie de interrogantes que no me
brindan una razonable convicción en el sentido que este ciudadano sometido a
este proceso de extradición, se le dará el reconocimiento efectivo de todas sus
garantías judiciales en un sentido amplio.”
El fallo añade: “diversos informes señalan una debilidad
notable de la independencia de la judicatura, situación que nuevamente no
asegura el respeto de los derechos fundamentales de una persona sometida a un
procedimiento de extradición, en las condiciones del caso que se examina.”
Brewer Carías comenta: “Sobre este aspecto, el magistrado destacó, en refuerzo
de sus apreciaciones, lo afirmado en el Informe antes mencionado del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (E/c.12/Ven./CO3) del 19 de junio de
2015 destacando la preocupación del Comité de Derechos Humanos: “por la
información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente
establecido para la designación y destitución de jueces, así como por el gran
número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional,
quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar
significativamente su independencia.”
El magistrado Costarricense Cruz Castro en las mismas
consideraciones adicionales a la sentencia estimó que: “jueces provisionales,
no aseguran, de ninguna forma, la independencia de la judicatura, lo que incide
directamente en la vigencia de las garantías del debido proceso para el
amparado cuando se remita a Venezuela. Esta independencia de los jueces es una
garantía fundamental para asegurar la vigencia de un estado constitucional y
los derechos fundamentales de la persona sometida a enjuiciamiento. Si no hay
independencia de los jueces, las garantías básicas de los ciudadanos, se
debilitan y el poder represivo se convierte en un instrumento descontrolado.…
En particular, en los meses de enero a agosto de ese mismo año [2014] se
designaron, nombraron alrededor de mil ciento once jueces, de los cuales sólo
veintidós son titulares.”
El magistrado Cruz Castro complementó su apreciación
sobre la debilidad del sistema judicial venezolano citando las “cifras
suministradas por representantes del Estado venezolano ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 17 de marzo del 2015,” conforme a
las cuales: “el sesenta y seis por ciento de la totalidad de los jueces del
Poder Judicial son de carácter provisorio. Los jueces provisionales no tienen
ninguna estabilidad laboral, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala
Político Administrativa como de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, acorde con el Decreto de reorganización del Poder Judicial, que
sostiene que los jueces provisorios son de libre nombramiento y remoción….”(ver
página 3 y 4 del informe)….
Dice Brewer Carías en relación a esta aseveración del
magistrado tica: “los jueces provisorios, que son la gran mayoría en el país,
son removidos discrecionalmente por la mencionada Comisión del Tribunal Supremo
de Justicia, de manera que la pretendida creación de la Jurisdicción Disciplinaria
en 2011, no fue más que un engaño y otra mentira más del régimen”.
Hay mucho más sobre esta gravísima evaluación del prostituido sistema judicial venezolano. Desde este blog no hemos tenido ninguna vacilación al definir el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano como un coro de castrados morales., integrado por magistrados indecorosos y desvergonzados.
La frontera
colombo-venezolana permanecía cerrada el, martes 25 de agosto de 2015, por
sexto día seguido al tiempo que el flujo de deportados por el gobierno de
Nicolás Maduro de Venezuela llegados a la ciudad de Cúcuta, Colombia, se acerca
al millar.
El ex
presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, se presentó en la frontera pese a
los problemas de seguridad y, con un duro discurso que fue ampliamente
aplaudido por los vecinos de ambos lados, alertó: "lo que está
ocurriendo hace recordar a la Cuba de Castro que ha inspirado al chavismo de
Venezuela".
"¡Llevaban
al paredón a los cubanos disidentes, los llamaban gusanos del imperialismo!
Pero, así como Castro en la dictadura cubana utilizó el paredón para asesinar a
los disidentes, de la misma manera la dictadura de Venezuela utiliza la cárcel
y la abolición de las libertades para maltratar a la oposición
democrática",[2]
dijo UribeLos
colombianos han sido deportados solo con lo que llevaban puesto y fueron
enviados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, según datos
oficiales. Las
alambradas dispuestas por el presidente Maduro en el tórrido puente
internacional Simón Bolívar, que une Cúcuta con las ciudades venezolanas de
Ureña y San Antonio, han dividido en dos a un mismo núcleo urbano que compartía
familias y negocios.
La
mayoría de los deportados llevaban viviendo en Venezuela varios años y señalan
que han sido expulsados de sus casas a empujones, en mitad de la noche, por la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Algunos
de los deportados explicaron a Efe que cuando se marchaban, sus casas fueron
derribadas con todos sus bienes en el interior, y añadieron que varios hogares
habían sido marcados por los soldados venezolanos con la letra "D" de
demolición y destrucción.
El
25 de agosto de 2015 el Presidente de Colombia exigió el martes a Venezuela respetar a todos
sus ciudadanos afectados por la crisis humanitaria que se registra en la
frontera binacional, después del cierre ordenado por el presidente Nicolás
Maduro, y anunció que protestará por los maltratos y acciones intolerables
sufridas por los deportados.
"Allanar
las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar las familias, no
dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas para luego demolerlas, son
procedimientos totalmente inaceptables y recuerdan episodios amargos de la
humanidad que no pueden repetirse", dijo en una alocución por televisión
el presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
Dijo,
no obstante, que "no es el momento de hacer sonar las trompetas de
guerra como algunos quisieran", sino de actuar "con firmeza y con
sensatez" para solucionar la situación.
Colombia
enfrenta la mayor deportación masiva de nacionales desde Venezuela en la
historia reciente, después de que Maduro ordenó la semana pasada el cierre de
un amplio sector de la frontera en reacción a un combate de militares con
supuestos contrabandistas, que dejó dos efectivos heridos.
Posteriormente,
el mandatario socialista declaró un estado de excepción para restablecer
el orden, así como para combatir el contrabando y las bandas criminales.
Desde
entonces, más de 1.100 colombianos han sido deportados,
expulsados o repatriados desde Venezuela. La mayoría ha llegado a la ciudad de
Cúcuta, en donde denunciaron que fueron maltratados por la Fuerza Armada
venezolana y que sus casas fueron destruidas.
"Al
Gobierno de Venezuela le exigimos respeto por todos los colombianos: desde
los más humildes, hasta los más poderosos; desde los más cercanos a nuestro
Gobierno, hasta los que nos critican ferozmente", agregó.
Santos
aseguró que mantendrá las acciones diplomáticas y la serenidad para superar
esta crisis. Reveló que se llegó a un acuerdo con Venezuela para
permitir que los colombianos deportados puedan recuperar sus bienes y enseres
que dejaron en territorio venezolano.
Mientras
que en Venezuela la oposición política acusa a Maduro de usar la frontera
como una cortina de humo para disimular la crisis política y social, en
Colombia Santos es cuestionado por sus críticos que sostienen que tiene una
posición débil ante el Gobierno del vecino país.
Los
cancilleres de los dos países se reunirán este miércoles en Cartagena
para tratar de buscar una solución.
Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219
kilómetros de extensión que facilita el paso a uno y otro lado sin mayores
controles, al igual que actividades ilegales como el contrabando de alimentos y
combustible. Al respecto el escritor
cubano Rafel Rojas escribió:
No merecerá una reunión de cancilleres en la
OEA, a pesar de los esfuerzos del secretario Luis Almagro, del voto de 17
democracias latinoamericanas y de la abstención de otras 11. Tampoco provocará
un posicionamiento de Unasur, aún cuando sus cancillerías rechacen, en teoría,
prácticas xenófobas o antiinmigrantes. Pero lo cierto es que el comportamiento
del gobierno de Nicolás Maduro responde al ABC del cierre de fronteras,
practicado históricamente por estados con políticas migratorias restrictivas.
En su intervención ante la OEA, el
representante venezolano Roy Chaderton defendió a su gobierno con el argumento
de que la “verdadera crisis humanitaria” no era el derrumbe de viviendas de
inmigrantes colombianos o su deportación masiva sino los actos delictivos de
cinco millones de “irregulares”. ¿Qué diferencia hay entre la argumentación de
Nicolás Maduro y la de Viktor Orban en Hungría o Donald Trump en Estados Unidos?
La diferencia está en que Maduro no anuncia la construcción de un muro o una
alambrada sino que ejecuta la expulsión de migrantes manu militari.
El gobierno de Maduro pinta una letra D en las
casas de los que llama “irregulares” en la frontera colombiana, marcando
públicamente a los indeseados. La racialización del odio no es tan evidente en
esa frontera como en Serbia, Haití o Tijuana, pero el énfasis que pone Caracas
en presentar a los inmigrantes colombianos como criminales, desemboca en la
misma estigmatización del otro que vemos reproducirse en Europa y Estados
Unidos.
Las escenas de Táchira y Cúcuta que han dado la
vuelta al mundo presentan a miles de familias pobres, asentadas en la zona
fronteriza, abandonando sus barrios y ciudades y regresando a Colombia. El
gobierno de Venezuela, sin embargo, insiste en que esas comunidades fronterizas
son guaridas de paramilitares y contrabandistas que perturban el orden
establecido. Las imágenes de esas familias, cargando con sus pocos bienes, de
vuelta a Colombia, son, según Maduro, parte de la campaña mediática
internacional de “la derecha” contra Caracas.
¿Acaso no suenan muy parecidos los “cinco millones
de irregulares” de Maduro y los “once millones de ilegales” de Trump? Es
precisamente el gobierno de Venezuela el que echa mano de los recursos
políticos y discursivos de la derecha, que en materia migratoria siempre ha
alentado estrategias nacionalistas y xenofóbicas. La necesidad de un enemigo
externo en la ideología de la izquierda fidelista y chavista ha provocado esas
convergencias con la derecha, que en el caso cubano remite a los “actos de
repudio” contra los migrantes del puerto del Mariel en 1980.
Los extremos de la política latinoamericana se
juntan a la hora de justificar acciones autoritarias y excluyentes. La
repatriación forzosa de colombianos en la frontera con Venezuela invoca
acciones emblemáticas de algunas de las dictaduras más terribles de América
Latina en el siglo XX. El gobierno de Nicolás Maduro no hace más que aplicar un
manual atroz y predecible.[3]
Por otra parte el gobierno cubano dispuso que los
venezolanos deberán solicitar visa de turismo para viajar a
Cuba, en el consulado ubicado en Caracas, a partir del 24 de julio, según
anunció a sus potenciales pasajeros la aerolínea venezolana Conviasa en
un comunicado: "La tarjeta turística es exigencia de las autoridades
migratorias para ingresar a Cuba, por tanto la aerolínea no se hace responsable
del embarque de los pasajeros que no cumplan con este requisito", advirtió
el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicio Aéreo. La visa de
turismo es válida para una sola entrada al territorio cubano en un viaje de
30 días y se puede prorrogar 30 días más en el buró del hotel donde se
hospede el viajero o ante las autoridades migratorias, explica la embajada
cubana en Venezuela en su página digital. Se agrega en la página que deben
presentar pasaporte válido y planilla correspondiente, además de abonar el arancel
consular estipulado en efectivo, 150 bolívares ($0.74 a precio Simadi).
Para entrar a la isla, desde el 1 de mayo del 2010, también se exige un
seguro médico y la presentación de la póliza en aduana. Bolívar,
el máximo exponente de la llamada integración latinoamericana, dijo con
amargura al final de su vida:
“He arado en el mar”
"Nuestra América" debiéramos llamar a la
otra, a la del Norte, donde vive el sesenta por ciento de los puertorriqueños,
millón y medio de cubanos y decenas de millones de sudamericanos. Adonde llegamos, la inmensa mayoría,
sin cumplir las formalidades migratorias, con una mano delante y la otra detrás
y se nos respeta la cultura, la lengua, nuestras religiones, y poco
tiempo después tenemos trabajo, estudio para los hijos y la capacidad de
mantener a toda la familia que dejamos al sur del Rio Bravo. Y andando el
tiempo somos políticos en el gobierno.
Solo
en la otra América, la verdaderamente "nuestra",
la realmente integrada, donde el
soberano es el ciudadano y el estado un mero instrumento a su servicio, un
floridano disfruta la plenitud en Oregón y viceversa, y todos tenemos
garantizados nuestros derechos humanos, que es como decir, la dignidad.
New
York, es considerada la capital del mundo. Poblada por personas de todas partes,
con diferentes credos e ideologías, conviven todos con la paz y la armonía que
no les es garantizada en sus países de origen.
En Latinoamérica lo que existe son acuerdos
entre gobernantes para mantenerse en el poder que les garantice sus
privilegios dinásticos, de castas, clases y la proyección de sus ideologías, y
que, descaradamente llaman convenios de integración.
[1] El debido proceso es una doctrina nacida en el derecho común
Ingles, según la cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de garantías
mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro
de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de
ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o
autoridad administrative.
[2] Revista ddigital www.martinoticias.com.
25 de agosto de 2015
[3] Blog de Rafael Rojas. 3 de
septiembre de 2015.
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